Recesiones

También en el ámbito económico, el gobierno militar debió enfrentar dos grandes recesiones: la primera en 1975 y la segunda en 1982. En esta última, las autoridades tuvieron que devaluar el dólar en un 18 por ciento y tomar otras medidas relacionadas con las divisas, que perjudicaron a los deudores en dólares.

Los planes de recuperación económica se tradujeron en el empleo de una política monetaria activa, aumento de la cantidad de dinero con miras a recuperar la liquidez, dólar libre y un uso limitado de reservas.

Las severas medidas para lograr la reactivación respaldaron una renegociación de la deuda externa y otras acciones que permitieron el saneamiento financiero y bancario.
El 13 de enero de 1983 se anunció la disolución de los bancos Hipotecario y de Fomento, Unido de Fomento y Financiera Ciga. Además, fueron intervenidos los bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora Nacional de Valores, en los que se designó administradores delegados.

Fueron suspendidas 18 de las 22 entidades de fondos mutuos que operaban entonces. Y se pusieron en vigencia modalidades especiales de créditos y plazos para enajenar viviendas nuevas y antiguas, lo que dinamizó el mercado inmobiliario.

A partir de 1984, el proceso de ajuste se basó en una política expansiva para reactivar el crecimiento. Pero es desde 1986, cuando el economista Hernán Büchi estaba a la cabeza del Ministerio de Hacienda, que se desarrolló un período de crecimiento sostenido, que culminó con un PIB de 10,6 por ciento en el último año de la administración Pinochet.

En los días que siguieron al pronunciamiento, la Junta citó a dirigentes, legisladores, ministros y funcionarios del gobierno de la Unidad Popular a cuarteles y lugares de detención.
Asimismo, se encargó la búsqueda de políticos allendistas y se requirió informaciones que permitieran su captura o ubicación a través de comunicados, bandos y publicaciones de prensa. En muchos casos se iniciaron procesos bajo normas de Estado de Sitio en tiempo de guerra y se emitieron diversas condenas.

También se decretó el receso del Parlamento; disolver el Tribunal Constitucional; eliminar los registros electorales; declarar ilegales a los partidos de la UP, y disolver los de oposición a Allende, entre otros.