Apertura al diálogo

Durante la segunda etapa del gobierno militar se produjo la apertura al diálogo con los partidos políticos, tarea que fue encomendada al entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, quien trazó un cronograma para desarrollar un plan político y estableció que correspondería a la ciudadanía aprobar una reforma constitucional que permitiera adelantar la entrada en funciones de un Congreso elegido democráticamente.

Sin embargo, el diálogo gobierno-oposición fue cancelado por Pinochet, lo que motivó la renuncia de Jarpa.

En mayo de 1983 una jornada de protesta convocada por los trabajadores del cobre inició una serie de acciones similares en el país, lo que llevó a que el año siguiente se renovara el Estado de Emergencia y se decretara un nuevo Estado de Sitio.

Ante la situación, la Iglesia Católica entró en acción y el Cardenal Juan Francisco Fresno comenzó a reunirse con distintos dirigentes políticos, encuentros que culminaron con la firma del "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia" destinado a garantizar la institucionalidad democrática futura.

Por su parte, Pinochet reiteró que el camino institucional estaba en la Constitución y debía respetarse.

En 1987, el país entró en un período distinto con la visita de seis días del Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, Pinochet aprobó el traslado del Congreso a Valparaíso y diez partidos políticos iniciaron su inscripción legal en el Servicio Electoral.

Sin embargo, la completa liberalización política del país llegó en 1988, año que la Constitución establecía que los ciudadanos chilenos ratificarían o no la continuidad del gobierno militar a través de un plebiscito, el que finalmente se llevó a cabo el 5 de octubre. Ese día, el triunfo de la opción "No", que obtuvo 54,7 por ciento de los votos, contra el 43 por ciento del "Sí", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989.

Los comicios fueron ganados con mayoría absoluta por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que entonces reunía a 17 colectividades políticas. Tres meses después, en una ceremonia realizada en el edificio del Congreso ubicado en Valparaíso, Pinochet entregó el mando al nuevo Presidente constitucional.

Las relaciones con los otros países no resultaron fáciles para el Gobierno de Augusto Pinochet, ya que desde su inicio el régimen militar despertó la preocupación mundial por haber derrocado al primer Presidente marxista elegido democráticamente.

El reconocimiento de las nuevas autoridades provino sólo de los países latinoamericanos, a excepción de México y Venezuela.

El resto del mundo repudió el pronunciamiento y, salvo China, todas las naciones socialistas rompieron relaciones. Incluso países europeos, como Italia, retiraron a sus embajadores, dejando en las representaciones diplomáticas a los encargados de negocios.

Asimismo, las Fuerzas Armadas debieron estar atentas a la situación con los países limítrofes. Especialmente las relaciones con Argentina vivieron un período bastante conflictivo hacia fines de los '70, debido a la disputa sobre la jurisdicción del Canal Beagle y las distintas islas e islotes, entre ellas Picton, Lennox y Nueva.

En este sentido, Augusto Pinochet prosiguió con la tarea iniciada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con el objetivo de resolver diplomáticamente las diferencias.

Sin embargo, el 2 de mayo de 1977 las relaciones entre Santiago y Buenos Aires cambiaron al conocerse el laudo arbitral de la Reina Isabel II, fallo que confirmó la soberanía chilena sobre las islas y estableció la línea divisoria del Beagle, sujetándola a la orientación que según Chile tiene ese curso de agua.

A principios de 1978, la Junta Militar argentina declaró "insanablemente nulo" el laudo arbitral. Por esta razón, se decidió designar dos comisiones para analizar el conflicto. Tras reunirse en Santiago y Buenos Aires, los delegados redactaron un documento que planteaba que los gobiernos evitarían "acciones o actitudes contrarias al espíritu de pacífica convivencia" entre ambos países.

No obstante, luego de que la Armada argentina rechazara la idea de recurrir a la mediación del Vaticano para solucionar el conflicto, los militares comenzaron a realizar maniobras a ambos lados de la cordillera. Mientras tanto, los cardenales chileno y argentino, Raúl Silva Henríquez y Raúl Primatesta, respectivamente, hacían gestiones de alto nivel para frenar el conflicto.

Las flotas de ambos países estuvieron a escasas horas de encontrarse en altamar, pero una tormenta evitó que esto sucediera.

Así llegó el jueves 21 de diciembre, sindicado como el día "D" para las tropas argentinas. Esa tarde, la Declaración de Guerra a Chile descansaba en el escritorio de Jorge Videla esperando su firma. Sin embargo, ésta nunca se estampó, ya que Juan Pablo II telefoneó al Presidente argentino y le anunció que estaba dispuesto a mediar.El Pontífice designó al cardenal Antonio Samoré para que llevara a cabo las gestiones de paz, las que se plasmaron en el acuerdo firmado en Montevideo el 8 de enero de 1979, que establecía que las partes aceptaban la mediación del Papa.