Apertura al diálogo

Durante la segunda etapa del gobierno militar se produjo la apertura al diálogo con los partidos políticos, tarea que fue encomendada al entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, quien trazó un cronograma para desarrollar un plan político y estableció que correspondería a la ciudadanía aprobar una reforma constitucional que permitiera adelantar la entrada en funciones de un Congreso elegido democráticamente.

Sin embargo, el diálogo gobierno-oposición fue cancelado por Pinochet, lo que motivó la renuncia de Jarpa.

En mayo de 1983 una jornada de protesta convocada por los trabajadores del cobre inició una serie de acciones similares en el país, lo que llevó a que el año siguiente se renovara el Estado de Emergencia y se decretara un nuevo Estado de Sitio.

Ante la situación, la Iglesia Católica entró en acción y el Cardenal Juan Francisco Fresno comenzó a reunirse con distintos dirigentes políticos, encuentros que culminaron con la firma del "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia" destinado a garantizar la institucionalidad democrática futura.

Por su parte, Pinochet reiteró que el camino institucional estaba en la Constitución y debía respetarse.

En 1987, el país entró en un período distinto con la visita de seis días del Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, Pinochet aprobó el traslado del Congreso a Valparaíso y diez partidos políticos iniciaron su inscripción legal en el Servicio Electoral.

Sin embargo, la completa liberalización política del país llegó en 1988, año que la Constitución establecía que los ciudadanos chilenos ratificarían o no la continuidad del gobierno militar a través de un plebiscito, el que finalmente se llevó a cabo el 5 de octubre. Ese día, el triunfo de la opción "No", que obtuvo 54,7 por ciento de los votos, contra el 43 por ciento del "Sí", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989.

Los comicios fueron ganados con mayoría absoluta por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que entonces reunía a 17 colectividades políticas. Tres meses después, en una ceremonia realizada en el edificio del Congreso ubicado en Valparaíso, Pinochet entregó el mando al nuevo Presidente constitucional.

Las relaciones con los otros países no resultaron fáciles para el Gobierno de Augusto Pinochet, ya que desde su inicio el régimen militar despertó la preocupación mundial por haber derrocado al primer Presidente marxista elegido democráticamente.

El reconocimiento de las nuevas autoridades provino sólo de los países latinoamericanos, a excepción de México y Venezuela.

El resto del mundo repudió el pronunciamiento y, salvo China, todas las naciones socialistas rompieron relaciones. Incluso países europeos, como Italia, retiraron a sus embajadores, dejando en las representaciones diplomáticas a los encargados de negocios.

Asimismo, las Fuerzas Armadas debieron estar atentas a la situación con los países limítrofes. Especialmente las relaciones con Argentina vivieron un período bastante conflictivo hacia fines de los '70, debido a la disputa sobre la jurisdicción del Canal Beagle y las distintas islas e islotes, entre ellas Picton, Lennox y Nueva.

En este sentido, Augusto Pinochet prosiguió con la tarea iniciada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con el objetivo de resolver diplomáticamente las diferencias.

Sin embargo, el 2 de mayo de 1977 las relaciones entre Santiago y Buenos Aires cambiaron al conocerse el laudo arbitral de la Reina Isabel II, fallo que confirmó la soberanía chilena sobre las islas y estableció la línea divisoria del Beagle, sujetándola a la orientación que según Chile tiene ese curso de agua.

A principios de 1978, la Junta Militar argentina declaró "insanablemente nulo" el laudo arbitral. Por esta razón, se decidió designar dos comisiones para analizar el conflicto. Tras reunirse en Santiago y Buenos Aires, los delegados redactaron un documento que planteaba que los gobiernos evitarían "acciones o actitudes contrarias al espíritu de pacífica convivencia" entre ambos países.

No obstante, luego de que la Armada argentina rechazara la idea de recurrir a la mediación del Vaticano para solucionar el conflicto, los militares comenzaron a realizar maniobras a ambos lados de la cordillera. Mientras tanto, los cardenales chileno y argentino, Raúl Silva Henríquez y Raúl Primatesta, respectivamente, hacían gestiones de alto nivel para frenar el conflicto.

Las flotas de ambos países estuvieron a escasas horas de encontrarse en altamar, pero una tormenta evitó que esto sucediera.

Así llegó el jueves 21 de diciembre, sindicado como el día "D" para las tropas argentinas. Esa tarde, la Declaración de Guerra a Chile descansaba en el escritorio de Jorge Videla esperando su firma. Sin embargo, ésta nunca se estampó, ya que Juan Pablo II telefoneó al Presidente argentino y le anunció que estaba dispuesto a mediar.El Pontífice designó al cardenal Antonio Samoré para que llevara a cabo las gestiones de paz, las que se plasmaron en el acuerdo firmado en Montevideo el 8 de enero de 1979, que establecía que las partes aceptaban la mediación del Papa.

Nueva constitución

Sin embargo, en este ámbito la iniciativa más importante del gobierno militar fue la elaboración de una nueva Constitución para el país, que respaldara el nuevo orden que se buscaba imponer en Chile. En este sentido, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, emitida en marzo de 1974, sirvió de base para la nueva Carta Magna.

Los derechos del hombre (anteriores y superiores a los del Estado), el principio de la subsidiariedad, el reconocimiento de la propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico, fueron asumidos como pilares de la obra fundacional.

La elaboración del nuevo texto constitucional fue encargada a una comisión presidida por el ex ministro de Justicia e Interior de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar. El grupo -cuyo trabajo estuvo permanentemente guiado por el Ejecutivo- también estaba integrado por constitucionalistas como Sergio Diez, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñan y Raúl Bertelsen.

La nueva Constitución Política fue votada en un plebiscito que se realizó el 11 de septiembre de 1980, y en el cual un 67,04 por ciento de la población optó por la opción "Sí" y un 30,19 por ciento por el "No". Seis meses después, el documento entró en vigencia.

La normativa contempló nuevas concepciones sobre la persona, la sociedad y el Estado. En este sentido, la importante definición de que los derechos de los hombres son primeros y anteriores a los del Estado marcó las bases de la institucionalidad que regiría en la nación.

Asimismo, la nueva Constitución detalló el funcionamiento y rol de las futuras instituciones.
La elección de parlamentarios por circunscripciones fortaleció la regionalización del país, iniciada durante la primera etapa del gobierno.

El sistema electoral binominal fijó las bases para un sistema bipartidario que garantizara el equilibrio de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

También introdujo a los senadores designados, la segunda vuelta en los comicios presidenciales y la obligatoriedad de obtener más del 50 por ciento de los sufragios para acceder a la Primera Magistratura.

La innovación más revolucionaria y resistida de la nueva Carta fue el establecimiento de las FF.AA. como garantes de la institucionalidad, precepto que llevó a la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Recesiones

También en el ámbito económico, el gobierno militar debió enfrentar dos grandes recesiones: la primera en 1975 y la segunda en 1982. En esta última, las autoridades tuvieron que devaluar el dólar en un 18 por ciento y tomar otras medidas relacionadas con las divisas, que perjudicaron a los deudores en dólares.

Los planes de recuperación económica se tradujeron en el empleo de una política monetaria activa, aumento de la cantidad de dinero con miras a recuperar la liquidez, dólar libre y un uso limitado de reservas.

Las severas medidas para lograr la reactivación respaldaron una renegociación de la deuda externa y otras acciones que permitieron el saneamiento financiero y bancario.
El 13 de enero de 1983 se anunció la disolución de los bancos Hipotecario y de Fomento, Unido de Fomento y Financiera Ciga. Además, fueron intervenidos los bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora Nacional de Valores, en los que se designó administradores delegados.

Fueron suspendidas 18 de las 22 entidades de fondos mutuos que operaban entonces. Y se pusieron en vigencia modalidades especiales de créditos y plazos para enajenar viviendas nuevas y antiguas, lo que dinamizó el mercado inmobiliario.

A partir de 1984, el proceso de ajuste se basó en una política expansiva para reactivar el crecimiento. Pero es desde 1986, cuando el economista Hernán Büchi estaba a la cabeza del Ministerio de Hacienda, que se desarrolló un período de crecimiento sostenido, que culminó con un PIB de 10,6 por ciento en el último año de la administración Pinochet.

En los días que siguieron al pronunciamiento, la Junta citó a dirigentes, legisladores, ministros y funcionarios del gobierno de la Unidad Popular a cuarteles y lugares de detención.
Asimismo, se encargó la búsqueda de políticos allendistas y se requirió informaciones que permitieran su captura o ubicación a través de comunicados, bandos y publicaciones de prensa. En muchos casos se iniciaron procesos bajo normas de Estado de Sitio en tiempo de guerra y se emitieron diversas condenas.

También se decretó el receso del Parlamento; disolver el Tribunal Constitucional; eliminar los registros electorales; declarar ilegales a los partidos de la UP, y disolver los de oposición a Allende, entre otros.

Llegada a la Moneda

El 11 de marzo de 1981, Pinochet comenzó la segunda etapa de su gobierno prestando juramento a la Constitución como Presidente de la República. La investidura modificó la composición de la Junta de Gobierno, a la que en representación del Ejército se incorporó el teniente general César Benavides.

Pinochet ejerció como Primer Mandatario hasta el 11 de marzo de 1990, luego de que un plebiscito realizado dos años antes y en el que triunfó la opción "No", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989. De esta manera, asumió el abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, quien encabezó el proceso de transición hacia la democracia.

Una de las tareas más urgentes que se planteó la Junta de Gobierno cuando asumió la conducción del país fue la recuperación económica. Para esto se asesoró con profesionales de la Universidad Católica que habían formado parte de los intercambios académicos con la Universidad de Chicago. De esta manera, se dio inicio a la era de los "Chicago boys", grupo liderado por el decano de la Escuela de Economía de la UC, Sergio de Castro, e integrado por Jorge Cauas, Miguel Kast y José Piñera, entre otros.

El plan de los "Chicago boys" fue bautizado como "El ladrillo" y se constituyó en la base fundacional de la nueva economía social de mercado chilena, que dejó atrás el sistema de economía centralizada y planificada de tipo socialista.

Pinochet aprobó planes de privatizaciones, devoluciones de empresas requisadas, la normalización de la agricultura y una nueva concepción económica y financiera.
El fisco debió garantizar a la población la igualdad de oportunidades y el acceso masivo a las ventajas de la sociedad moderna.

Si hubiese que destacar diez grandes modernizaciones materializadas por el régimen militar en el ámbito económico, éstas serían las siguientes:

- Reforma previsional: Promulgada el 4 de noviembre de 1980. A través de ella el gobierno cambió el viejo sistema de reparto de los fondos de los trabajadores por el de capitalización en cuentras individuales. Para ello estableció instituciones administradoras privadas de tales fondos, las AFP, dejando en libertad a los trabajadores para que optaran.

- Isapres: Fueron creadas con la Ley 18.933. Con ellas, las personas pueden optar entre atenderse con el sistema de salud público o cotizar en instituciones de salud privadas que les aseguran una cobertura determinada por el plan escogido.

- Reforma laboral: Atribuida al ex ministro del Trabajo José Piñera, fue uno de los cambios económicos de mayor impacto. Su objetivo era trasladar enérgicamente los principios de la libertad individual al mercado laboral, los que se reflejarían en los derechos de empleados y empleadores establecidos equilibradamente en los contratos de trabajo.

- Privatizaciones: Proceso impulsado con preferencia en la década del 80, bajo la administración del ministro de Hacienda Hernán Büchi. Fue una de las medidas más impopulares tomadas por el gobierno militar, ya que se tradujo en el despido de buena parte de los trabajadores de las empresas y, a veces, en la liquidación de éstas a un valor inferior al de mercado. Sin embargo, permitió al Estado desprenderse de empresas deficitarias y disponer de mayores recursos para invertir en las áreas como salud y educación.

- Apertura comercial: Permitió el arribo masivo de importaciones que obligaron a las industrias nacionales a hacerse más competitivas y así exportar para conquistar nuevos mercados. En este sentido, se estableció un tipo de cambio único y se creó un régimen comercial muy simplificado, sin barreras comerciales y con un arancel parejo del 10 por ciento desde 1979.

- Banco Central autónomo: Su creación permitió impedir para siempre que el gobierno de turno pudiera manejar la política monetaria discrecionalmente y así "disparar" la inflación "al echar a andar la maquinita para hacer billetes" con el objetivo de aumentar el gasto fiscal.

- Liberalización de los precios: El decreto ley 522 del 15 de octubre de 1973 eliminó la histórica fijación de precios en Chile, con excepción de 33 rubros que mantuvieron sus precios determinados por el Estado y 18 en que los empresarios debían informar sus valores a las autoridades. Para 1976, todos los precios eran libres.

- Modernización del mercado de capitales: En 1975 se estableció una tasa de interés libre, se reprivatizó la banca y se liberalizó el mercado de capitales.

- Acceso a educación superior: A finales de 1980 debutaron las universidades privadas en Chile, con lo que se amplió significativamente el número de jóvenes que pueden contar con estudios superiores.

- Focalización del gasto social: Política que permitió destinar los fondos con que cuenta el Estado al mejoramiento de la situación económica de los más pobres, sin producir la injusticia de que reciban parte de esos recursos personas que no lo necesitan.

Producto de estos cambios, el crecimiento económico del país pasó desde un -4,3 por ciento en 1973 a un 10 por ciento en 1989. La inflación, en tanto, disminuyó desde un 106 por ciento a un 21,4 por ciento en los mismos años.

Quiebra de la Junta

En 1978, la Junta sufrió su primer quiebre con la salida del general del aire Gustavo Leigh, quien desde un comienzo tuvo roces con Pinochet. Ese año, el país comenzó a conocer las discrepancias entre ambos uniformados respecto del retorno a la democracia y del cronograma institucional.

Una entrevista otorgada por el comandante en jefe de la FACh al periódico italiano "Corriere della Sera", fue repudiada por el gabinete. Después de reuniones en La Moneda y en el Ministerio de Defensa, la Junta declaró que Leigh estaba imposibilitado para ejercer sus funciones, por lo que fue reemplazado por el general Fernando Matthei. La decisión provocó la renuncia de todo el alto mando institucional.

Restricción de libertades

Tres fueron los objetivos más apremiamentes que se impusieron los militares: dotar al país de una nueva institucionalidad, recuperar la economía y, sobre todo, pacificar a Chile, terminando con la acción armada de grupos violentistas.Mediante bandos militares y decretos leyes, el gobierno comenzó a operar bajo normas de excepción que restringieron las libertades individuales de la población.

Una vez decretados el Estado de Sitio y la Zona de Emergencia, se permitió la circulación de algunos periódicos, "El Mercurio" entre ellos, y el funcionamiento de Canal 13 y algunas radios, todos con censura previa.

Desde el principio, Pinochet manifestó que las Fuerzas Armadas habían asumido el gobierno para devolver a Chile su sistema democrático; pero antes debía lograrse la recuperación integral del país mediante la aplicación de planes económicos, sociales, políticos que la nación necesitaba.
Por esta razón, el Presidente de la Junta postuló privilegiar el cumplimiento de metas por sobre los plazos.

En los primeros meses de gestión, Pinochet reiteró que el mandato de los militares no constituiría una transición momentánea entre dos gobiernos políticos, sino que sería iniciador de un gran movimiento cívico militar absoluto y permanente que mantendría una buena administración del Estado.

Insistió en afirmar que las FF.AA. no estaban preparadas para gobernar y que debieron asumir la tarea a raíz del caos imperante. Gustavo Leigh.

El itinerario de la nueva institucionalidad chilena fue dado a conocer por Pinochet en julio de 1977, en una alocución que se recuerda como el "Discurso de Chacarillas" y que estableció los parámetros de la nueva democracia.

Gobierno Pinochet

Con la intervención militar del 11 de septiembre de 1973, en Chile comenzó un período de gobierno de 17 años asumido inicialmente por una Junta Militar que fue encabezada por el comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, e integrada además por el comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino Castro; el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Gustavo Leigh Guzmán, y el director general de Carabineros, general César Mendoza Durán.

La primera muestra de respaldo hacia el nuevo gobierno provino de la Corte Suprema, la que -representada por su presidente, Enrique Urrutia Manzano- recibió la visita de la Junta un día después del pronunciamiento.

Por su parte, la Iglesia Católica sostuvo que le dolía la sangre de civiles y soldados que enrojecía las calles y pidió moderación frente a los vencidos y que no se aplicaran represalias.

En tanto, los partidos políticos opositores a Salvador Allende -Nacional, Demócrata Cristiano, Social Demócrata, Democracia Radical- emitieron declaraciones de apoyo y justificación por la intervención. En la DC, doce militantes suscribieron un comunicado en sentido contrario, pero dejando constancia de la responsabilidad que le cabía a la Unidad Popular (UP) en el quiebre institucional.