miércoles, 21 de marzo de 2007

Apertura al diálogo


Durante la segunda etapa del gobierno militar se produjo la apertura al diálogo con los partidos políticos, tarea que fue encomendada al entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, quien trazó un cronograma para desarrollar un plan político y estableció que correspondería a la ciudadanía aprobar una reforma constitucional que permitiera adelantar la entrada en funciones de un Congreso elegido democráticamente.
Sin embargo, el diálogo gobierno-oposición fue cancelado por Pinochet, lo que motivó la renuncia de Jarpa.

En mayo de 1983 una jornada de protesta convocada por los trabajadores del cobre inició una serie de acciones similares en el país, lo que llevó a que el año siguiente se renovara el Estado de Emergencia y se decretara un nuevo Estado de Sitio.
Ante la situación, la Iglesia Católica entró en acción y el Cardenal Juan Francisco Fresno comenzó a reunirse con distintos dirigentes políticos, encuentros que culminaron con la firma del "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia" destinado a garantizar la institucionalidad democrática futura.

Por su parte, Pinochet reiteró que el camino institucional estaba en la Constitución y debía respetarse.

En 1987, el país entró en un período distinto con la visita de seis días del Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, Pinochet aprobó el traslado del Congreso a Valparaíso y diez partidos políticos iniciaron su inscripción legal en el Servicio Electoral.
Sin embargo, la completa liberalización política del país llegó en 1988, año que la Constitución establecía que los ciudadanos chilenos ratificarían o no la continuidad del gobierno militar a través de un plebiscito, el que finalmente se llevó a cabo el 5 de octubre. Ese día, el triunfo de la opción "No", que obtuvo 54,7 por ciento de los votos, contra el 43 por ciento del "Sí", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989.

Los comicios fueron ganados con mayoría absoluta por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que entonces reunía a 17 colectividades políticas. Tres meses después, en una ceremonia realizada en el edificio del Congreso ubicado en Valparaíso, Pinochet entregó el mando al nuevo Presidente constitucional.
Las relaciones con los otros países no resultaron fáciles para el Gobierno de Augusto Pinochet, ya que desde su inicio el régimen militar despertó la preocupación mundial por haber derrocado al primer Presidente marxista elegido democráticamente.

El reconocimiento de las nuevas autoridades provino sólo de los países latinoamericanos, a excepción de México y Venezuela.

El resto del mundo repudió el pronunciamiento y, salvo China, todas las naciones socialistas rompieron relaciones. Incluso países europeos, como Italia, retiraron a sus embajadores, dejando en las representaciones diplomáticas a los encargados de negocios.
Asimismo, las Fuerzas Armadas debieron estar atentas a la situación con los países limítrofes. Especialmente las relaciones con Argentina vivieron un período bastante conflictivo hacia fines de los '70, debido a la disputa sobre la jurisdicción del Canal Beagle y las distintas islas e islotes, entre ellas Picton, Lennox y Nueva.

En este sentido, Augusto Pinochet prosiguió con la tarea iniciada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con el objetivo de resolver diplomáticamente las diferencias.

Sin embargo, el 2 de mayo de 1977 las relaciones entre Santiago y Buenos Aires cambiaron al conocerse el laudo arbitral de la Reina Isabel II, fallo que confirmó la soberanía chilena sobre las islas y estableció la línea divisoria del Beagle, sujetándola a la orientación que según Chile tiene ese curso de agua.
A principios de 1978, la Junta Militar argentina declaró "insanablemente nulo" el laudo arbitral. Por esta razón, se decidió designar dos comisiones para analizar el conflicto. Tras reunirse en Santiago y Buenos Aires, los delegados redactaron un documento que planteaba que los gobiernos evitarían "acciones o actitudes contrarias al espíritu de pacífica convivencia" entre ambos países.

No obstante, luego de que la Armada argentina rechazara la idea de recurrir a la mediación del Vaticano para solucionar el conflicto, los militares comenzaron a realizar maniobras a ambos lados de la cordillera. Mientras tanto, los cardenales chileno y argentino, Raúl Silva Henríquez y Raúl Primatesta, respectivamente, hacían gestiones de alto nivel para frenar el conflicto.
Las flotas de ambos países estuvieron a escasas horas de encontrarse en altamar, pero una tormenta evitó que esto sucediera.

Así llegó el jueves 21 de diciembre, sindicado como el día "D" para las tropas argentinas. Esa tarde, la Declaración de Guerra a Chile descansaba en el escritorio de Jorge Videla esperando su firma. Sin embargo, ésta nunca se estampó, ya que Juan Pablo II telefoneó al Presidente argentino y le anunció que estaba dispuesto a mediar.El Pontífice designó al cardenal Antonio Samoré para que llevara a cabo las gestiones de paz, las que se plasmaron en el acuerdo firmado en Montevideo el 8 de enero de 1979, que establecía que las partes aceptaban la mediación del Papa.

Nueva constitución


Sin embargo, en este ámbito la iniciativa más importante del gobierno militar fue la elaboración de una nueva Constitución para el país, que respaldara el nuevo orden que se buscaba imponer en Chile. En este sentido, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, emitida en marzo de 1974, sirvió de base para la nueva Carta Magna.

Los derechos del hombre (anteriores y superiores a los del Estado), el principio de la subsidiariedad, el reconocimiento de la propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico, fueron asumidos como pilares de la obra fundacional.
La elaboración del nuevo texto constitucional fue encargada a una comisión presidida por el ex ministro de Justicia e Interior de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar. El grupo -cuyo trabajo estuvo permanentemente guiado por el Ejecutivo- también estaba integrado por constitucionalistas como Sergio Diez, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñan y Raúl Bertelsen.

La nueva Constitución Política fue votada en un plebiscito que se realizó el 11 de septiembre de 1980, y en el cual un 67,04 por ciento de la población optó por la opción "Sí" y un 30,19 por ciento por el "No". Seis meses después, el documento entró en vigencia.
La normativa contempló nuevas concepciones sobre la persona, la sociedad y el Estado. En este sentido, la importante definición de que los derechos de los hombres son primeros y anteriores a los del Estado marcó las bases de la institucionalidad que regiría en la nación.

Asimismo, la nueva Constitución detalló el funcionamiento y rol de las futuras instituciones.
La elección de parlamentarios por circunscripciones fortaleció la regionalización del país, iniciada durante la primera etapa del gobierno.

El sistema electoral binominal fijó las bases para un sistema bipartidario que garantizara el equilibrio de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
También introdujo a los senadores designados, la segunda vuelta en los comicios presidenciales y la obligatoriedad de obtener más del 50 por ciento de los sufragios para acceder a la Primera Magistratura.

La innovación más revolucionaria y resistida de la nueva Carta fue el establecimiento de las FF.AA. como garantes de la institucionalidad, precepto que llevó a la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Recesiones


También en el ámbito económico, el gobierno militar debió enfrentar dos grandes recesiones: la primera en 1975 y la segunda en 1982. En esta última, las autoridades tuvieron que devaluar el dólar en un 18 por ciento y tomar otras medidas relacionadas con las divisas, que perjudicaron a los deudores en dólares.

Los planes de recuperación económica se tradujeron en el empleo de una política monetaria activa, aumento de la cantidad de dinero con miras a recuperar la liquidez, dólar libre y un uso limitado de reservas.
Las severas medidas para lograr la reactivación respaldaron una renegociación de la deuda externa y otras acciones que permitieron el saneamiento financiero y bancario.
El 13 de enero de 1983 se anunció la disolución de los bancos Hipotecario y de Fomento, Unido de Fomento y Financiera Ciga. Además, fueron intervenidos los bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora Nacional de Valores, en los que se designó administradores delegados.

Fueron suspendidas 18 de las 22 entidades de fondos mutuos que operaban entonces. Y se pusieron en vigencia modalidades especiales de créditos y plazos para enajenar viviendas nuevas y antiguas, lo que dinamizó el mercado inmobiliario.
A partir de 1984, el proceso de ajuste se basó en una política expansiva para reactivar el crecimiento. Pero es desde 1986, cuando el economista Hernán Büchi estaba a la cabeza del Ministerio de Hacienda, que se desarrolló un período de crecimiento sostenido, que culminó con un PIB de 10,6 por ciento en el último año de la administración Pinochet.
En los días que siguieron al pronunciamiento, la Junta citó a dirigentes, legisladores, ministros y funcionarios del gobierno de la Unidad Popular a cuarteles y lugares de detención.
Asimismo, se encargó la búsqueda de políticos allendistas y se requirió informaciones que permitieran su captura o ubicación a través de comunicados, bandos y publicaciones de prensa. En muchos casos se iniciaron procesos bajo normas de Estado de Sitio en tiempo de guerra y se emitieron diversas condenas.

También se decretó el receso del Parlamento; disolver el Tribunal Constitucional; eliminar los registros electorales; declarar ilegales a los partidos de la UP, y disolver los de oposición a Allende, entre otros.

Llegada a la Moneda


El 11 de marzo de 1981, Pinochet comenzó la segunda etapa de su gobierno prestando juramento a la Constitución como Presidente de la República. La investidura modificó la composición de la Junta de Gobierno, a la que en representación del Ejército se incorporó el teniente general César Benavides.

Pinochet ejerció como Primer Mandatario hasta el 11 de marzo de 1990, luego de que un plebiscito realizado dos años antes y en el que triunfó la opción "No", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989. De esta manera, asumió el abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, quien encabezó el proceso de transición hacia la democracia.
Una de las tareas más urgentes que se planteó la Junta de Gobierno cuando asumió la conducción del país fue la recuperación económica. Para esto se asesoró con profesionales de la Universidad Católica que habían formado parte de los intercambios académicos con la Universidad de Chicago. De esta manera, se dio inicio a la era de los "Chicago boys", grupo liderado por el decano de la Escuela de Economía de la UC, Sergio de Castro, e integrado por Jorge Cauas, Miguel Kast y José Piñera, entre otros.

El plan de los "Chicago boys" fue bautizado como "El ladrillo" y se constituyó en la base fundacional de la nueva economía social de mercado chilena, que dejó atrás el sistema de economía centralizada y planificada de tipo socialista.
Pinochet aprobó planes de privatizaciones, devoluciones de empresas requisadas, la normalización de la agricultura y una nueva concepción económica y financiera.
El fisco debió garantizar a la población la igualdad de oportunidades y el acceso masivo a las ventajas de la sociedad moderna.

Si hubiese que destacar diez grandes modernizaciones materializadas por el régimen militar en el ámbito económico, éstas serían las siguientes:

- Reforma previsional: Promulgada el 4 de noviembre de 1980. A través de ella el gobierno cambió el viejo sistema de reparto de los fondos de los trabajadores por el de capitalización en cuentras individuales. Para ello estableció instituciones administradoras privadas de tales fondos, las AFP, dejando en libertad a los trabajadores para que optaran.

- Isapres: Fueron creadas con la Ley 18.933. Con ellas, las personas pueden optar entre atenderse con el sistema de salud público o cotizar en instituciones de salud privadas que les aseguran una cobertura determinada por el plan escogido.

- Reforma laboral: Atribuida al ex ministro del Trabajo José Piñera, fue uno de los cambios económicos de mayor impacto. Su objetivo era trasladar enérgicamente los principios de la libertad individual al mercado laboral, los que se reflejarían en los derechos de empleados y empleadores establecidos equilibradamente en los contratos de trabajo.

- Privatizaciones: Proceso impulsado con preferencia en la década del 80, bajo la administración del ministro de Hacienda Hernán Büchi. Fue una de las medidas más impopulares tomadas por el gobierno militar, ya que se tradujo en el despido de buena parte de los trabajadores de las empresas y, a veces, en la liquidación de éstas a un valor inferior al de mercado. Sin embargo, permitió al Estado desprenderse de empresas deficitarias y disponer de mayores recursos para invertir en las áreas como salud y educación.

- Apertura comercial: Permitió el arribo masivo de importaciones que obligaron a las industrias nacionales a hacerse más competitivas y así exportar para conquistar nuevos mercados. En este sentido, se estableció un tipo de cambio único y se creó un régimen comercial muy simplificado, sin barreras comerciales y con un arancel parejo del 10 por ciento desde 1979.

- Banco Central autónomo: Su creación permitió impedir para siempre que el gobierno de turno pudiera manejar la política monetaria discrecionalmente y así "disparar" la inflación "al echar a andar la maquinita para hacer billetes" con el objetivo de aumentar el gasto fiscal.

- Liberalización de los precios: El decreto ley 522 del 15 de octubre de 1973 eliminó la histórica fijación de precios en Chile, con excepción de 33 rubros que mantuvieron sus precios determinados por el Estado y 18 en que los empresarios debían informar sus valores a las autoridades. Para 1976, todos los precios eran libres.

- Modernización del mercado de capitales: En 1975 se estableció una tasa de interés libre, se reprivatizó la banca y se liberalizó el mercado de capitales.

- Acceso a educación superior: A finales de 1980 debutaron las universidades privadas en Chile, con lo que se amplió significativamente el número de jóvenes que pueden contar con estudios superiores.

- Focalización del gasto social: Política que permitió destinar los fondos con que cuenta el Estado al mejoramiento de la situación económica de los más pobres, sin producir la injusticia de que reciban parte de esos recursos personas que no lo necesitan.

Producto de estos cambios, el crecimiento económico del país pasó desde un -4,3 por ciento en 1973 a un 10 por ciento en 1989. La inflación, en tanto, disminuyó desde un 106 por ciento a un 21,4 por ciento en los mismos años.

Quiebra de la Junta


En 1978, la Junta sufrió su primer quiebre con la salida del general del aire Gustavo Leigh, quien desde un comienzo tuvo roces con Pinochet. Ese año, el país comenzó a conocer las discrepancias entre ambos uniformados respecto del retorno a la democracia y del cronograma institucional.

Una entrevista otorgada por el comandante en jefe de la FACh al periódico italiano "Corriere della Sera", fue repudiada por el gabinete. Después de reuniones en La Moneda y en el Ministerio de Defensa, la Junta declaró que Leigh estaba imposibilitado para ejercer sus funciones, por lo que fue reemplazado por el general Fernando Matthei. La decisión provocó la renuncia de todo el alto mando institucional.

Restricción de libertades


Tres fueron los objetivos más apremiamentes que se impusieron los militares: dotar al país de una nueva institucionalidad, recuperar la economía y, sobre todo, pacificar a Chile, terminando con la acción armada de grupos violentistas.Mediante bandos militares y decretos leyes, el gobierno comenzó a operar bajo normas de excepción que restringieron las libertades individuales de la población.

Una vez decretados el Estado de Sitio y la Zona de Emergencia, se permitió la circulación de algunos periódicos, "El Mercurio" entre ellos, y el funcionamiento de Canal 13 y algunas radios, todos con censura previa.

Desde el principio, Pinochet manifestó que las Fuerzas Armadas habían asumido el gobierno para devolver a Chile su sistema democrático; pero antes debía lograrse la recuperación integral del país mediante la aplicación de planes económicos, sociales, políticos que la nación necesitaba.
Por esta razón, el Presidente de la Junta postuló privilegiar el cumplimiento de metas por sobre los plazos.

En los primeros meses de gestión, Pinochet reiteró que el mandato de los militares no constituiría una transición momentánea entre dos gobiernos políticos, sino que sería iniciador de un gran movimiento cívico militar absoluto y permanente que mantendría una buena administración del Estado.

Insistió en afirmar que las FF.AA. no estaban preparadas para gobernar y que debieron asumir la tarea a raíz del caos imperante. Gustavo Leigh.
El itinerario de la nueva institucionalidad chilena fue dado a conocer por Pinochet en julio de 1977, en una alocución que se recuerda como el "Discurso de Chacarillas" y que estableció los parámetros de la nueva democracia.

Gobierno Pinochet


Con la intervención militar del 11 de septiembre de 1973, en Chile comenzó un período de gobierno de 17 años asumido inicialmente por una Junta Militar que fue encabezada por el comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, e integrada además por el comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino Castro; el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Gustavo Leigh Guzmán, y el director general de Carabineros, general César Mendoza Durán.

La primera muestra de respaldo hacia el nuevo gobierno provino de la Corte Suprema, la que -representada por su presidente, Enrique Urrutia Manzano- recibió la visita de la Junta un día después del pronunciamiento.
Por su parte, la Iglesia Católica sostuvo que le dolía la sangre de civiles y soldados que enrojecía las calles y pidió moderación frente a los vencidos y que no se aplicaran represalias.

En tanto, los partidos políticos opositores a Salvador Allende -Nacional, Demócrata Cristiano, Social Demócrata, Democracia Radical- emitieron declaraciones de apoyo y justificación por la intervención. En la DC, doce militantes suscribieron un comunicado en sentido contrario, pero dejando constancia de la responsabilidad que le cabía a la Unidad Popular (UP) en el quiebre institucional.

martes, 12 de diciembre de 2006

Alejamiento de la vida pública y acoso popular.


Pinochet justificó la dimisión de su cargo en "problemas de salud insuperables y el implacable paso de los años" y porque "no sería consecuente con mi conducta y mis ideales, si mantuviera la dignidad (de senador vitalicio), imposibilitado como me encuentro...".


El ex general comenzó a gestar su decisión horas después de que el máximo tribunal pusiera fin al proceso en su contra. Posteriormente citó en su residencia al cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, en cuya presencia firmó su carta de renuncia.


Acto seguido, el purpurado se trasladó hasta las dependencias del Senado en Santiago, para entregar allí el documento al presidente de la Corporación, Andrés Zaldívar.

Con la carta en la mano, Zaldívar citó a los jefes de comités del Senado, quienes resolvieron darla a conocer públicamente cuatro días después en una sesión de sala que estuvo marcada por más de media hora de enfrentamientos entre detractores y partidarios del ex senador vitalicio, y que culminó con el desalojo de la sala y con pugilatos en las afueras del Congreso.


Tras su renuncia, Pinochet permaneció durante diez días en Iquique. Posteriormente, regresó a Santiago por recomendación de sus médicos, según los cuales el ex senador vitalicio no debía seguir expuesto a emociones muy fuertes derivadas de los homenajes recibidos en la capital de la Primera Región.


En los meses siguientes, el ex general fue visto esporádicamente en diferentes zonas del país, sobre todo en la V Región, y el 25 de noviembre celebró en el fundo de Los Boldos su cumpleaños número 87 con un almuerzo al que asistieron 150 invitados entre familiares, amigos y ex colaboradores.

En marzo de 2003, Pinochet fue sometido a una operación para cambiar la pila de su marcapasos y un mes después debió ser nuevamente internado en el Hospital Militar debido a un golpe en las costillas ocasionado por una caída en el baño de su casa.


En mayo del mismo año el ex gobernante asistió a un cocktail ofrecido con motivo del lanzamiento de un distribuidor de automóviles en Santiago y en agosto acompañó al senador independiente pro UDI Marco Cariola en los funerales de su hijo.


Tres meses después mientras se encontraba en su departamento de Reñaca Alto (V Región), Pinochet sufrió una caída en el baño lo que le ocasionó la fractura de su muñeca izquierda. El ex militar fue trasladado de urgencia al Hospital Naval "Almirante Neff" y luego derivado a la capital, donde permaneció hospitalizado durante un par de días.


Un día antes de su cumpleaños número 88, la televisión latina en Miami transmitió una entrevista exclusiva realizada al general (r). En ella Pinochet afirmó que no tenía que pedir perdón, que no asesinó a nadie, que "la justicia no fue justa conmigo" y que volvería a hacer todo lo que hizo.


En el plano judicial, el 2003 fue un año relativamente tranquilo que sólo estuvo marcado por la presentación de algunas querellas en su contra y que terminó con un nuevo sobreseimiento definitivo esta vez en el denominado caso "Calle Conferencia".


Sin embargo, el año siguiente fue de intenso trabajo para sus abogados. El 28 de mayo la Corte de Apelaciones aprobó el desafuero del ex militar en el marco del caso "Operación Cóndor", decisión que tres meses después fue ratificada por la Corte Suprema.


Asimismo, se hizo pública la existencia de millonarias cuentas a nombre de Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Estados Unidos, entidad fuertemente cuestionada por irregularidades y lavado de dinero.


Ante la incertidumbre sobre el origen de los fondos, el juez Sergio Muñoz se hizo cargo de la investigación como ministro de fuero. Tanto Pinochet como sus familiares fueron interrogados, mientras que el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en su contra por eventuales declaraciones "maliciosamente incompletas o falsas" y sus bienes fueron embargados.


Paralelamente, el retirado militar fue sometido a nuevos exámenes médicos, los que confirmaron que padecía una demencia subcortical de grado moderado. No obstante, el diagnóstico no impidió que el ministro Juan Guzmán lo sometiera a proceso como autor de nueve secuestros calificados y de un homicidio calificado en el caso "Operación Cóndor".


Días antes Pinochet había sido desaforado por tercera vez por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en 1974.


Pero eso no fue todo. Casi al finalizar el año un grave accidente vascular que le provocó pérdida de conciencia lo obligó a ser internado en el Hospital Militar, donde permaneció durante algunos días.El 2005 no comenzó tanto mejor. El 4 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa para dejar sin efecto su procesamiento, por lo que al día siguiente fue notificado de su arresto domiciliario que cumplió en su parcela de Los Boldos (V Región).


Un par de días después, su oficina ubicada en la calle Málaga, en la comuna de Las Condes, fue allanada por orden del juez Sergio Muñoz, quien incautó dos computadores, una serie de documentos y un maletín del general (r), todo en el marco de su investigación por las cuentas en el Banco Riggs.

En abril, el ministro de fuero Alejandro Solís dictó el sobreseimiento definitivo de Pinochet en el caso sobre el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Argentina en 1974.


Al mes siguiente, el ex uniformado sufrió una nueva crisis de salud y debió ser trasladado al Hospital Militar, luego de sufrir un desmayo a causa de una disminución en la irrigación sanguínea.


El 7 de junio, el pleno de la Corte de Apelaciones resolvió desaforarlo en el marco de la investigación por las cuentas secretas en el Banco Riggs. Sin embargo, el mismo día la Cuarta Sala del tribunal de alzada revocó el encausamiento que pesaba sobre él por el caso Operación Cóndor.


Dos semanas después, Pinochet nuevamente debió ser internado en el Hospital Militar, luego de sufrir dos desmayos consecutivos mientras tomaba desayuno en su hogar.

A comienzos de julio, la justicia le quitó su inmunidad por quinta vez en el marco de la denominada Operación Colombo. Un mes después, su esposa y su hijo Marco Antonio fueron procesados como cómplices de fraude tributario, quedando detenidos en el Hospital Militar y en el anexo Cárcel Capuchinos respectivamente.


En octubre, el Pleno de la Corte Suprema confirmó su desafuero por cuatro ilícitos investigados en el marco del caso "Riggs" y durante noviembre fue interrogado en diversas oportunidades por los ministros Carlos Cerda y Víctor Montiglio. Este último ordenó un careo entre el retirado militar y el ex director de la Dina Manuel Contreras, que se llevó a cabo el 18 del mismo mes en el Club Militar de Lo Curro.


Cinco días después, el juez Cerda decretó su procesamiento y arresto domiciliario, como presunto autor de cuatro delitos en el marco de la investigación por las cuentas secretas en el Banco Riggs. Pinochet recuperó su libertad tras pagar una fianza de $6 millones.


También en noviembre, el ex Mandatario fue procesado y declarado reo por el ministro Montiglio por su responsabilidad en el denominado caso "Operación Colombo". El 28 de diciembre, Pinochet fue prontuariado en su casa en La Dehesa.


En enero de 2006, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió desaforarlo en el proceso por secuestros y torturas en Villa Grimaldi.


El mismo mes, el juez Cerda procesó a toda la familia Pinochet Hirart por delitos de evasión tributaria, alteración y uso de pasaportes falsos. La esposa e hijos del ex comandante en jefe del Ejército recuperaron rápidamente su libertad, a excepción de su hija mayor, Inés Lucía, quien al momento de la notificación se encontraba en Argentina.


Sin embargo, la situación judicial de Inés Lucía se complicó luego de que ésta decidiera viajar a Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Su estadía en el país del norte se prolongó sólo por dos días y luego regresó a Chile donde permaneció detenida en la Escuela de Gendarmería hasta el pago de su fianza.


En abril, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dos de los cuatro delitos por los que Pinochet estaba procesado en el marco del caso "Riggs".


En mayo, el general (r) es procesado como autor de secuestro calificado de Arturo Barría Araneda, una víctima del Caso Operación Colombo. Pinochet queda detenido, pero recupera su libertad a comienzos de junio.


Un mes después, el ex gobernante es desaforado en el marco del caso Caravana de la Muerte . En julio también es interrogado por el ministro Alejandro Solís sobre el crimen del general Carlos Prats y su esposa sofía Cuthbert.


El 18 de agosto, Pinochet fue privado de su inmunidad por el delito de malversación de caudales públicos en el marco de la investigación del caso Riggs.


En septiembre y octubre, la Justicia decretó dos nuevos desafueros del ex gobernante: por secuestros y torturas en Villa Grimaldi, y asociación ilícita y secuestro en el caso Berríos.


A fines de octubre la prensa publicó la información sobre la detección de depósitos por nueve mil kilos de oro a nombre de Augusto Pinochet, en el banco Hongkong & Shanghai Banking (HSBC). Finalmente, la institución confirmó que los documentos son falsos y que el ex militar no registra cuentas bancarias a su nombre.


Tras esto, Pinochet fue nuevamente procesado, esta vez como autor de 35 secuestros y 23 casos de torturas en el marco del caso Villa Grimaldi, y por el homicidio del profesor universitario del PC Alejandro Ávalos Davison. El retirado militar queda detenido en su domicilio de La Dehesa.


El 8 de noviembre, la Corte de Apelaciones decide desaforar al ex mandatario por su presunta responsabilidad en el secuestro del sacerdote español Antonio Llidó.

El 25 del mismo mes, Pinochet cumplió 91 años de edad y se dejó ver por última vez en público. Desde la puerta de su residencia de La Dehesa y sentado en una silla, el general (r) saludó a los partidarios que lo fueron a saludar con motivo de su cumpleaños. Paralelamente, su esposa leyó un discurso preparado por el mismo Pinochet.


"Hoy, cerca del final de mis días, quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de todo, y que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado...", decía uno de los párrafos leídos por Lucía Hiriart.


Dos días después, el ex gobernante quedó nuevamente detenido, luego de ser notificado de su procesamiento por secuestro y homicidio calificado en una de las aristas del caso Caravana de la Muerte.


El domingo 3 de diciembre, Augusto Pinochet sufrió un infarto agudo al miocardio y un edema pulmonar, por lo que fue internado en el Hospital Militar de Santiago.

Senador vitalico, detención y juicios.




De acuerdo con lo consagrado en la Constitución, el 11 de marzo de 1998 Pinochet juró como senador vitalicio en el Congreso Nacional.




En octubre del mismo año, durante un viaje a Londres, fue detenido por la policía a raíz de un juicio de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, quien intentó juzgarlo bajo los cargos de "genocidio, terrorismo y torturas", durante su régimen de Gobierno.




Liberado por razones de salud, tras un año y cinco meses de detención en Inglaterra volvió a Chile el 3 de marzo de 2000.



A su regreso debió enfrentar numerosas querellas presentadas en su contra ante los tribunales de Justicia. El 5 de junio, la Corte de Apelaciones resolvió -por 13 votos contra nueve- el desafuero del senador vitalicio, medida que fue ratificada por la Corte Suprema por 14 votos contra seis.



El 29 de enero de 2001, el juez Juan Guzmán Tapia lo sometió a proceso "como autor de delitos de secuestro y homicidio calificado" en el caso "Caravana de la Muerte", previa realización de exámenes médicos que comprobaron que su estado de salud le permitía enfrentar a la justicia.




El 8 de marzo del mismo año, por dos votos contra uno, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del juez Guzmán pero cambió la tipificación del delito de "autor" a "encubridor" de dichos delitos.



Problemas de hipertensión, dentales y la diabetes que sufría, lo llevaron en diversas oportunidades a permanecer internado en el Hospital Militar e influyeron en que el juez Juan Guzmán Tapia no ordenara su filiación, trámite legal que se realiza a quienes son declarados reos.



Posteriormente, el 9 de julio de 2001, por dos votos contra uno, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los ministros Amanda Valdovinos, Cornelio Villaroel y Hugo Dolmetsch, decidió sobreseer temporalmente a Augusto Pinochet por razones de salud.




Sin embargo, el proceso contra el senador vitalicio terminó definitivamente el 1 de julio de 2002, cuando la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema decidió dictar su sobreseimiento definitivo, por estimar que la demencia vascular que sufría era irreversible.



Tres días después, Augusto Pinochet renunció a su cargo de senador vitalicio, oficializando de esta manera su retiro definitivo de la vida política.

El atentado.



El 7 de septiembre de 1986, el entonces Presidente sufrió un atentado terrorista perpetrado por el Frente Manuel Rodríguez (FMR) en el sector de Achupallas, Cajón del Maipo, cuando la comitiva de automóviles donde viajaba desde su residencia de descanso fue atacada con rockets y ametralladoras.



Pinochet sufrió leves heridas en su mano izquierda, pero cinco de sus escoltas murieron. En los días siguientes, varios inculpados fueron detenidos.



El atentado marcó la culminación de la preparación terrorista, ya que el armamento usado era producto de un gigantesco contrabando de armas efectuado con el apoyo y financiamiento de Fidel Castro. Los arsenales, desembarcados clandestinamente, fueron hallados en la III Región el 15 de agosto, en una caleta ubicada en Carrizal Bajo, al sur de Copiapó.



El 5 de octubre de 1988, Pinochet fue derrotado en un plebiscito en el que se decidió la continuidad de su Gobierno. En la oportunidad, la opción "Sí" obtuvo un 43 por ciento y el "No" un 55, por lo que el Presidente tuvo que llamar a elecciones para el año siguiente.



Los comicios fueron ganados, con un 55,2 por ciento de los votos, por Patricio Aylwin Azócar, a quien entregó el mando en marzo de 1990. No obstante, Pinochet continuó a la cabeza del Ejército en plenitud.



Como máxima autoridad de la rama castrense, el ex general acató la jerarquía presidencial. Sin embargo, durante el mandato de Patricio Aylwin, el Ejército manifestó su descontento en dos oportunidades claves: el "ejercicio de enlace", en diciembre de 1990, y el "boinazo", en mayo de 1993.



El primer caso, tratado como una rutinaria maniobra militar, en realidad fue una expresión de rechazo del Ejército ante la eventual petición de renuncia a Pinochet por parte del ministro de Defensa, Patricio Rojas. Dicha posible solicitud habría estado motivada por las investigaciones judiciales a oficiales y por ataques de parlamentarios al comandante en Jefe y a la institución.



El "boinazo" consistió en un reforzamiento de la guardia del edificio de las Fuerzas Armadas por parte de un grupo especial de comandos, realizado durante una reunión del Cuerpo de Generales que se prolongó por ocho horas. La causa fue similar a la del anterior episodio. Ante la falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Ejército, se buscó evitar lo que la rama castrense catalogó como una campaña en su contra.



Pinochet embarcó al Ejército en un proceso de modernización que se conoció como "Plan Alcázar", el que estaba regido por el concepto de "consolidar un Ejército profesional, tecnificado, flexible y potente".



Las innovaciones contempladas en el programa van desde modificaciones al uniforme hasta renovación del material bélico. Asimismo, los uniformados comenzaron a abrirse hacia el mundo civil, ingresando a las universidades y algunos alcanzando grados de magíster o doctor en áreas variadas, que van desde la administración hasta las relaciones internacionales, pasando por las Ciencias Políticas.

El 10 de marzo de 1998, Augusto Pinochet entregó el mando militar al general Ricardo lzurieta Caffarena, designado por el entonces Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle.



La elección del reemplazante causó sorpresa, ya que Izurieta fue seleccionado de una quina de nombres en la que figuraba en el último lugar.




Pese a la agitada sucesión del cargo -sobre todo por el veto presidencial al ascenso del brigadier Jaime Lepe, estrecho colaborador de Pinochet-, todos los sectores aprobaron la designación de Izurieta y el cambio generacional que supuso.




En el último gesto de la rama castrense hacia quien la encabezó por casi 25 años, el 6 de marzo de 1998 Pinochet fue nombrado "Comandante en Jefe Benemérito", título honorífico que grafica la lealtad del Ejército hacia su persona